Defendiendo la cultura, defendiendo futuro

Ayer miércoles se llevó a cabo en diferentes puntos del país un cacerolazo cultural en contra del DNU (70/2023) y la Ley Ómnibus, principalmente los puntos que apuntan contra el desfinanciamiento cultural y artístico. En nuestra ciudad la marcha tuvo lugar en la Plaza Cívica a las 20 horas.
Si buscamos el significado de la palabra ‘cultura’ en cualquier diccionario su definición dirá que es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Seguramente también aparezca junto a otras palabras importantes como: educación, erudición, sabiduría, instrucción, ilustración, formación. Si hacemos lo mismo con ‘arte’, encontraremos que es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Y el resultado de esta creación interpela, emociona y construye con otro (público).
El arte y la cultura, entonces, funcionan como motor de la comunicación, permitiendo la expresión de emociones, pero también de mensajes que invitan a reflexionar sobre la existencia y las problemáticas sociales. En esta línea, podría considerarse al arte y a la cultura como herramientas con el potencial de educar y cambiar sociedades. El arte también ejerce otra importante función en la sociedad: la construcción de identidades culturales. Al representar tradiciones, costumbres y narrativas locales, el arte fortalece el sentido de pertenencia y preserva la herencia cultural.
¿Qué significa entonces para una sociedad como la nuestra el desfinanciamiento de la cultura?
El arte y la cultura -el teatro, la literatura, la danza, la música y las artes plásticas, entre otras- son las formas más auténticas en las que una sociedad puede expresarse. Representan modos de pensamiento, tradiciones, ideologías y hacen a la historia de un pueblo. Por todo esto resulta de vital importancia impulsar iniciativas para fomentar el desarrollo de estas actividades, ya que permiten preservar conocimientos ancestrales, potenciar la creatividad, reafirmar la identidad y dar lugar a la creación y formación de las generaciones más jóvenes. Es primordial la existencia de instituciones que apoyen la actividad artística y cultural en todo el territorio nacional. Esto brinda la posibilidad de que el universo de artistas sea diverso y federal y que todos puedan contar con iguales oportunidades.
El cierre de estos organismos autárquicos y el desfinanciamiento de otros tantos que apoyan diferentes ramas artísticas no tiene un propósito claro, o al menos no fue expresado por parte del Estado Nacional. Si sabemos que esta acción solo perjudica a los trabajadores de la cultura y los artistas que no cuentan con recursos propios para desarrollar sus actividades, reduciendo significativamente sus voces y el variopinto de expresiones artísticas que vemos crecer día a día en cada rincón de nuestro país.
Por tal motivo hace un tiempo surge de la mano de un grupo de artistas y hacedores culturales autoconvocados, el colectivo Unidxs por la Cultura, que nuclea a más de 100 asociaciones culturales y comunitarias del país. Este colectivo organizó el Cacerolazo Cultural Nacional, una movilización que alcanzó más de 50 ciudades entre las 15 y las 22 horas, ayer miércoles 10 de enero. A esta convocatoria se le sumaron una serie de documentos emitidos por organismos referentes en distintos géneros artísticos, que confluirán en una Asamblea Nacional de la Cultura el 20 de enero. Además, se plegarán al paro nacional organizado por la CGT para el próximo 24 de enero.
Autoconvocados por la cultura
En nuestra ciudad un grupo de artistas se sumó a esta convocatoria. Unidxs por la Cultura Dto San Justo, convocó a una marcha a la cual asistieron referentes de la cultura local y asistentes en apoyo al cacerolazo en contra del DNU y la ley Ómnibus implementados por el Gobierno Nacional. Durante la manifestación se leyeron los puntos que atentan contra la cultura y el arte y se reclamó fundamentalmente por el cierre del Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional del Teatro; el desfinanciamiento del Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, entre otros organismos afines. Hubo lecturas e intervenciones artísticas, música en vivo, danza, murga y cacerolas.
Desde la organización mantienen en pie la invitación a todos los artistas y gestores culturales locales y de la zona para sumarse y ser parte de este frente en defensa de nuestra cultura y las actividades artísticas.
Algunas de las reformas que propone la Ley Ómnibus
Dentro de las reformas que busca la ley ómnibus sobre el sector de la cultura, se propone la eliminación del Fondo Nacional de las Artes (FNA): un ente autárquico creado en 1958 y que cuenta con una planta de 120 trabajadores. El FNA se financia a través del dominio público pagante (DPP), que se cobra por las obras una vez vencido el plazo de protección del derecho de autor. Además, obtiene ingresos por las tasas y multas de la Ley de Propiedad Intelectual Número 11.723 e intereses de préstamos, aportes extraordinarios y títulos. A partir de allí, financia iniciativas artísticas que se consideran de interés cultural y social. Entonces es válido preguntarnos ¿A dónde o a quienes iría destinado el dinero recaudado por el FNA? ¿Volvería de alguna manera a los artistas?
Por otra parte, se estipula que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) continúe en vigencia pero su Fondo de Fomento Cinematográfico quedaría constituido sólo por “un impuesto equivalente al diez por ciento aplicable sobre el precio básico de toda localidad o boleto y con los recursos que defina el Presupuesto Nacional”. Esto deja de lado la ley 17.741 para sostener las políticas de fomento con el 25 por ciento “de las sumas efectivamente percibidas” por el Ente Nacional de Comunicaciones sobre los tributos de la Ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual.
También se limitan los fondos del Instituto Nacional de la Música (INAMU), a los que “asigne la Secretaría de Cultura de la Nación u organismo que en el futuro la reemplace, dentro del Presupuesto General de la Nación”. A su vez, se le quita el aporte del ENACOM y se eliminan sus dos funciones más importantes: la protección de la música en vivo y el fomento de la producción fonográfica, la distribución y la difusión de las obras. Por otro lado, se elimina la obligatoriedad de contratar a un músico nacional en un espectáculo musical de un artista extranjero.
Otra reforma es la eliminación del Instituto Nacional de Teatro (INT); a su vez, se deroga la obligación de construir salas en donde se demuelan teatros y/o salas de cine y los estímulos económicos a los pasajes y fletes de artistas y productores.
A este panorama hay que sumar el proyecto de derogación de la ley 25.542 que establecía que los editores, importadores o representantes de libros deberán fijar un precio uniforme de venta al público o consumidor final de los libros que edite o importe, decisión que fue rechazada por las cámaras editoriales y de librerías e incluso por la Fundación El Libro, organizadora de la Feria del Libro, que manifestó “su absoluto rechazo a los proyectos de derogaciones de leyes fundamentales para el funcionamiento del admirado sistema cultural argentino, como la Ley de Defensa de la Actividad Librera (25.542)".
Al mismo tiempo se eliminarían beneficios impositivos de los miembros de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y se quitaría la posibilidad de que accedan a descuentos del 50% en la adquisición de ejemplares, iniciativa que motorizaba la actividad económica editorial durante la Feria del Libro de Buenos Aires.
FONDO NACIONAL DE LAS ARTES (FNA)
Desde su fundación en 1958 (bajo el Decreto 1224/58), esta institución apoyó a personalidades que se terminaron convirtiendo en pilares fundamentales de nuestra cultura. Son varios los ejemplos: desde Leopoldo Torre Nilsson y Leonardo Favio, que lograron comprar equipos para filmar en 1962 y 1964, hasta la poeta Alejandra Pizarnik, que obtuvo un préstamo del FNA y pudo viajar a Francia para perfeccionarse en La Sorbonne. También el compositor Gerardo Gandini, que en 1964 obtuvo un crédito para comprar un piano, o el pintor Antonio Berni, que recibió en 1969 la ayuda de un préstamo monetario que le permitió comprar su taller donde pintó obras sobresalientes, como la serie de Juanito Laguna. ¿Más ejemplos? Sylvia Molloy, Jaime Torres, Tristán Bauer, Norma Aleandro, Eliseo Subiela, Adolfo Pérez Esquivel, Beatriz Sarlo, Santiago Kovadloff, Luis Brandoni y Ricardo Piglia.
El FNA se financia a través del dominio público pagante (DPP). Es decir, cada vez que se utiliza una obra de un artista o un autor que falleció hace más de 70 años, el Fondo reinvierte ese capital en los artistas que están creando hoy. Es la entidad pública que garantiza y promueve el ciclo virtuoso de la creación artística.
Según el decreto ley 1124, de 1958, esta entidad se crea para fomento de las actividades artísticas en el país, “índice de la cultura del pueblo, que hace al prestigio de la Nación”.
El FNA recauda de dos formas: la mayor parte a través de mandatarias o sociedades de gestión colectiva como SADAIC, Argentores, DAC, AADI y CAPIF, y otra parte (la que tiene que ver con la edición de libros) en forma directa, que cobran el DPP a radioemisoras, canales de televisión, editoriales, compañías discográficas, plataformas de streaming. Es probable que, si el FNA sobrevive a la embestida del Poder Ejecutivo, al listado de mandatarias se sume Cadra. Los convenios con las mandatarias no son obra por obra sino por puesta a disposición de repertorios musicales, teatrales, literarios y cinematográficos.
Autárquico
Un ente autárquico de la Administración Pública se crea por ley, que lo habilita para adquirir derechos y contraer obligaciones. Dicta sus propias normas a través de un directorio y tiene su propio patrimonio que no se mezcla con el del Tesoro Nacional. Se administra a través de las normas dictadas por el directorio, pero encuadradas dentro del sistema de administración financiera nacional. Eso significa que toda operación puede ser auditada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y por la jurisdicción en la que se halla el ente autárquico. El FNA es un organismo descentralizado del área de Cultura (sea Ministerio o Secretaría).
Dominio público pagante (DPP)
Es un gravamen impositivo que se aplica en nuestro país al uso oneroso de obras en dominio público, es decir, cuyos creadores murieron hace setenta años o más. Lo recaudado se destina al FNA. Mientras vive el creador, cobra sus derechos de autor; al morir, cobran los herederos; pasados setenta años de la muerte, cobra el FNA por el uso con fines comerciales de las obras. La ley contempla plazos especiales, como el de la obra cinematográfica, fotográfica, entre otros. El uso de una obra es un concepto amplio, que incluye su edición, reproducción, representación, ejecución, traducción y adaptación. Si una radio emite “El día que me quieras” de Gardel y Le Pera debe abonar el gravamen, sea la canción original o una versión; la reproducción de una película como Frozen de Disney, también debe pagar, ya que su historia es una adaptación de La reina de las nieves de Hans Christian Andersen, así como también la publicación de la Odisea en forma completa o abreviada.
Entonces, la pregunta del millón:
¿Qué pasaría con la recaudación del DPP si el Fondo Nacional de las Artes desaparece?
Desde Unidos por la Cultura hacen hincapié en que hay una enorme desinformación porque todas estas entidades que van a dejar de existir, ser desfinanciadas o quedar en un limbo presupuestario no se financian con aportes del Tesoro Nacional, sino que obtienen el financiamiento por medios de asignaciones específicas que están en determinadas leyes, es decir los fondos de estas instituciones “se generan dentro del ecosistema cultural”: tasas por derecho de obra, porcentaje de las entradas de cine o cobros por registros de autoría musical son algunos de los ejemplos. Mientras en el Congreso Nacional se está discutiendo la implementación de la Ley Ómnibus, ayer quedó claro el descontento general por parte de un gran número de artistas y gestores culturales, que mantendrán la lucha en las calles, en defensa de nuestra cultura, nuestro futuro.
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